Hacemos resumen de Resolución de la UE sobre la Vivienda Social en Europa y su contraste con algunos aspectos de la vulnerabilidad en ciudades andaluzas. (I)

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Al-Gea.17/03/2014. Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea (2012/2293(INI)). P7_TA-PROV(2013)0246.

 

Ingresos anuales medios por hogar.
Fuente: "Habits de perfiles de consumo"2013.

 
El Parlamento Europeo:                                                                                                                           
 
A.          Considerando que el acceso a la vivienda social constituye un derecho fundamental que puede considerarse como una condición previa para ejercer y obtener el acceso a los demás derechos fundamentales y a una vida digna; que la garantía del acceso a una vivienda digna y adecuada constituye una obligación internacional de los Estados miembros que la Unión debe tomar en consideración, por cuanto el derecho de acceso a la vivienda y de percibir una ayuda de vivienda está reconocido tanto en el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como en los artículos 30 y 31 de la Carta Social revisada adoptada por el Consejo de Europa y en el artículo 25 de la Declaración Universal.
 
B.           La vivienda asequible, adecuada y segura es una herramienta adecuada para lograr la justicia y la cohesión social, requisito previo para una mayor movilidad laboral. La renovación de viviendas sociales es fundamental para cubrir la demanda de vivienda, ofrecer alojamiento asequible para amplios niveles de la población, impulsar la economía, reducir la magnitud de las burbujas inmobiliarias, luchar contra la pobreza energética y garantizar los ingresos por impuestos en los Estados miembros.
 
C.           La oferta de vivienda social debe alcanzar un alto nivel de calidad, seguridad y asequibilidad, y promover la igualdad de trato y los derechos de los usuarios.
 
D.          Faltan viviendas sociales; que han cambiado los perfiles sociofamiliares de las personas que recurren a la vivienda social; que se deben diagnosticar estas nuevas realidades sociales para que los Estados miembros y sus respectivas administraciones locales y regionales puedan definir las distintas estrategias en materia de vivienda, que sean más adecuadas a cada realidad.
 
E.           Considerando que la política de vivienda social forma parte integrante de los servicios de interés económico general.
 
 
F.            Y estar situada en un entorno que disponga de espacios verdes y sea adecuado teniendo en cuenta las necesidades específicas de los niños y las personas de edad avanzada.
 
G.          Considerando que con el fin de prevenir el aumento de personas sin hogar y futuras crisis inmobiliarias, las reglas hipotecarias deben proteger a los consumidores y fomentar un justo reparto de los riesgos.
 
H.          Considerando que la vivienda social es esencial en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (en particular, su objetivo de pobreza, incluida la prevención de la transmisión intergeneracional de las desventajas) por cuanto contribuye a garantizar niveles elevados de empleo, inclusión y cohesión social, fomenta la movilidad laboral y combate el cambio climático y la pobreza energética con la modernización del parque de viviendas.
 
I.           Este sector puede ser un motor para salir de la crisis de forma duradera e integradora y responder a los retos climáticos y energéticos.
 
J.           Se impone a los Estados miembros y a la Unión actuar con urgencia para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible; constituye un motivo de inestabilidad y ansiedad y debe considerarse una preocupación prioritaria; que este elemento, combinado con la explosión del desempleo en la UE, ilustrada por el franqueo del umbral medio del 10,9 % en enero de 2013 en la UE-27, y acompañado del envejecimiento de la población, representa un enorme riesgo de aumento de las desigualdades sociales, de exclusión social y situación de carencia de hogar, que afecta ya a 80 millones de europeos en riesgo de pobreza.
 
K.          Considerando que existen vínculos claros entre la infravivienda y una salud deficiente: el endeudamiento hipotecario se asocia a una peor salud mental; el hacinamiento se asocia a problemas psicológicos, tuberculosis, infecciones respiratorias, una mayor probabilidad de incendios y accidentes domésticos; la vida en viviendas inadecuadas afecta negativamente a la salud, a la seguridad y aumenta la probabilidad de que se produzcan accidentes domésticos; la vida en una zona ruidosa se asocia a niveles más altos de hipertensión y mayor presión arterial; que la carencia de vivienda es fuente de estrés y malestar, que afectan negativamente a la calidad de vida, la salud y el bienestar.
 
L.           Que el acceso a estas viviendas sociales se otorga en condiciones específicas por parte de operadores sin fines lucrativos específicamente creados a tal fin; que 25 millones de ciudadanos europeos ocupan así una vivienda social sujeta a unas condiciones de programación local y regional.                                                                                                                            
 
Fomentar el papel social y económico de la vivienda social.  
    
1.            Que el aumento del coste de las viviendas y de la energía agrava el riesgo de enfermedades, de pobreza y de exclusión social; observa el aumento de los desahucios; insta a que se tomen medidas en respuesta a estos retos ya que se podrían agravar un círculo vicioso de segregación y exclusión social a largo plazo.
 
 
Hacia una política europea de vivienda social.
 
1.            El gasto en el sector de la vivienda social y asequible permite garantizar los derechos fundamentales, responder a la urgencia social y, por tratarse de una inversión social estratégica, permite de forma sostenible contribuir a crear empleos locales no deslocalizables, a estabilizar la economía al prevenir las burbujas inmobiliarias y el endeudamiento excesivo de las familias; insiste, por tanto, en que la vivienda social no debe considerarse un coste a recortar, sino una inversión que se amortiza a largo plazo, por medio de un mayor bienestar social y en materia de salud, el acceso al mercado de trabajo y la capacitación de las personas, en especial, de las personas de edad avanzada, para vivir de manera independiente.
 
2.            Necesidad de marco de acción europeo para la vivienda social un intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los Estados miembros y teniendo en cuenta el hecho de que la vivienda social se concibe y gestiona de diferentes maneras en los Estados miembros, las regiones y las comunidades locales, aclare la definición de vivienda social.
 
3.            Observa que las inversiones en materia de vivienda social se inscriben en el marco de políticas más globales tendentes a organizar y financiar una oferta de servicios públicos sociales, sanitarios y de servicios educativos dirigidos a garantizar la efectividad de los derechos sociales fundamentales.
 
4.            Pacto de inversión social; se fijen objetivos en términos de inversiones sociales que los       Estados miembros estarían obligados a respetar a fin de alcanzar los objetivos sociales, de empleo y en materia de educación enunciados en la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que realice un seguimiento más estrecho de esas inversiones sociales utilizando un cuadro de indicadores sobre las inversiones realizadas por los Estados miembros; pide asimismo a los Estados miembros que ratifiquen la Carta Social Europea revisada, con especial atención a su artículo 31.
 
5.            Considera que las organizaciones de vecinos e inquilinos deben participar en la definición de las estrategias en materia de vivienda de los Estados miembros.           
 
6.            Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social y el Programa Marco de Investigación apoyen la inovación social.           
 
7.            Que la normativa europea sobre hipotecas incorpore las mejores prácticas que sean más favorables para los consumidores; renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores y las familias en situación de quiebra; pide a los Estados miembros que impidan que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios; recuerda además que estos se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destinadas al saneamiento del sistema financiero europeo.
 
8.            Constata que la definición de vivienda social y de sus beneficiarios debería ser el resultado de un proceso de discusión democrática, a fin de que puedan tomarse en consideración las distintas tradiciones de los Estados miembros.
 
9.            Señala que las políticas y los programas de vivienda deben elaborarse en consulta con las mujeres con bajos ingresos procedentes de distintos entornos sociales con objeto de comprobar qué políticas se ajustan mejor a sus necesidades.                 
           
 
Promover la inversión para impulsar el empleo local y la economía verde. 
 
1.            El desarrollo de los sectores verdes de la economía local y a los efectos de arrastre en el resto de la economía; las inversiones en viviendas sociales deberían considerarse no solo gastos, sino, sobre todo, inversiones productivas; «Promoción de la inclusión social y lucha contra la pobreza: apoyo a la regeneración física y económica de las comunidades urbanas y rurales desfavorecidas».  
 
2.            Para el paquete legislativo de normas sobre la política de cohesión 2014-2020; defiende que puedan acogerse a los Fondos Estructurales y de Cohesión las inversiones prioritarias en los ámbitos de la eficiencia energética y la utilización de fuentes de energía renovables en las viviendas sociales y asequibles, las actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible, el acceso equitativo a la vivienda para las comunidades marginadas y la promoción de los agentes de la economía social y solidaria, como las cooperativas de vivienda sin ánimo de lucro.
 
3.            Los inmuebles destinados a uso residencial y comercial representan el 40% del consumo final de energía y de las emisiones de CO2 totales en Europa.
 
4.            Defiende el mantenimiento de un presupuesto suficiente en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, habida cuenta de que la política de cohesión es un motor para salir de la crisis.       
 
5.            Pide a los Estados miembros, a sus autoridades de gestión ya la Comisión que velen por la estrecha participación de los agentes de la vivienda, las asociaciones representativas de los habitantes y las asociaciones que trabajan a favor del acceso a la vivienda, en la lista de los interlocutores sociales para la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los acuerdos de asociación y los programas operativos; considera que los Fondos Estructurales y de Cohesión deben utilizar de manera eficaz los principios de asociación y gobernanza multinivel, y que es preciso animar a los Estados miembros a que colaboren con los entes locales y regionales para fijar prioridades y decidir cómo utilizar los recursos procedentes de estos Fondos.     
 
6.            Alienta el establecimiento de modelos integrados de cooperación que reúnan la dirección de obra, los arrendadores de viviendas sociales y las empresas de construcción en favor de la renovación térmica y la construcción de viviendas sociales con bajas emisiones de carbono.
 
7.            Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales competentes que adapten con rapidez sus sistemas de educación y formación, incluidas la educación y la formación profesionales, integrando en particular el concepto de economía sostenible, y que garanticen que los programas de cualificación favorecen el acceso de los jóvenes a los nuevos empleos y sectores «verdes»; señala que la promoción de los empleos verdes puede crear oportunidades de empleo sostenible y de calidad, atajar la pobreza y la exclusión social y asegurar servicios de empleo de apoyo.
 
8.            Constata que el sector «verde» puede ofrecer una amplia gama de distintas oportunidades de empleo, desde los puestos de trabajo con menos cualificación hasta empleos de alta cualificación en el sector del conocimiento; a este respecto; pide a los Estados miembros que apoyen la emergencia de individuos y organismos con competencias sociales y técnicas en materia de ahorro energético, como las profesiones de la mediación sociotécnica, así como los esfuerzos de formación de las profesiones técnicas en un enfoque más social del tema de la eficiencia energética, y a la inversa.
 
9.            Observa que las inversiones en materia de vivienda social se inscriben en el marco de políticas más globales tendentes a organizar y financiar una oferta de servicios públicos sociales y sanitarios y de servicios educativos dirigidos a garantizar la efectividad de los derechos sociales fundamentales y a responder a la evolución de las necesidades sociales.

 
Luchar contra la pobreza y fomentar la inclusión y cohesión sociales.
 
1.            A la Agencia de los Derechos Fundamentales que elabore un estudio en el que se evalúe la eficacia y las condiciones de aplicación del derecho a la vivienda.
 
2.            Promuevan el intercambio innovador de buenas prácticas en la implementación del derecho a la vivienda para grupos particularmente vulnerables y excluidos, especialmente en lo relativo a la lucha contra la violencia doméstica.
 
3.            Señala con inquietud el hecho de que muchos Estados miembros, para hacer frente a los desequilibrios fiscales, han procedido a suspender el funcionamiento de instituciones y a recortar programas y actuaciones (ayudas al alquiler, subvenciones a los intereses de préstamos de vivienda, etc.) destinados a facilitar la compra de vivienda, y han aumentado al mismo tiempo de forma desproporcionada los impuestos sobre los bienes inmuebles, en un momento de profunda debilidad económica, dejando expuestos a la pobreza ya la indigencia a grandes grupos de la población.       
 
4.            Análisis del impacto social haciendo hincapié en los análisis basados en el género y en la vivienda; destaca que todos los datos estadísticos deben desglosarse por sexos y tipo de vivienda.
 
5.            El apoyo específico zonas donde sea pertinente, como las áreas densamente pobladas; normas mínimas claras para definir la calidad de las viviendas, en especial, de las viviendas sociales.
 
6.            El vínculo de los programas de ampliación del parque de viviendas sociales a una política de acceso a los demás servicios públicos y servicios de interés general esenciales, como la construcción de instalaciones públicas sociales y sanitarias, deportivas y culturales (como parte de una estrategia local integrada) y a una política de control de la expansión urbana en consonancia con las directrices de la Comisión para el objetivo de consumo «cero» de suelo que se pretende alcanzar de aquí a 2050; promover programas específicos para migrantes, jóvenes, refuerzo de la seguridad de la ocupación de la vivienda teniendo en cuenta el modelo de la topología europea de la exclusión asociada a la vivienda ETHOS, así como la autoconstrucción.
 
7.           Alienta el establecimiento de modelos integrados de cooperación que reúnan a los servicios sociales y sanitarios, a los servicios de acompañamiento de las personas desfavorecidas, a  los arrendadores de viviendas sociales y a las asociaciones.                                                                                                                          
8.            Pide, en este sentido, a la Comisión y a la Agencia de los Derechos Fundamentales que desarrollen los intercambios de buenas prácticas entre las autoridades locales sobre la base de criterios comunes y transparentes.   
 
9.            Que inviertan en la construcción y la adaptación de viviendas sociales asequibles en respuesta a la antigüedad y los riesgos sanitarios de las viviendas degradadas, a la diversidad de modelos familiares, al envejecimiento de la población y, en particular, al mantenimiento en su domicilio de las personas mayores dependientes, y a las necesidades específicas de las personas con discapacidad y de los jóvenes; recurrir a los Fondos Estructurales (2014-2020).
 
10.        Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que adopten medidas eficaces e incentivadoras, basándose en análisis prospectivos de la necesidad de viviendas, para luchar contra la existencia de viviendas vacías de larga duración, en especial, en las zonas con tensiones, para luchar contra la especulación inmobiliaria y movilizar esas viviendas para convertirlas en viviendas sociales.                                                                                                                                                        
11.        La adecuación de determinados mecanismos en vigor en algunos Estados miembros, como una lista de criterios legales de adjudicación, precisos y transparentes, que favorecen la mezcla social, el anonimato de las solicitudes de vivienda social, la publicidad de las viviendas vacías, la instauración de sistemas de calificación de los expedientes de solicitud, la separación de las instancias que controlan los criterios y que proceden a la adjudicación de las viviendas, o también una gobernanza adecuada de la adjudicación para favorecer la mezcla social a gran escala.
 
12.        Señala que la vivienda social debe estar estructurada de modo que se evite la creación de élites y guetos; pide que se instauren incentivos financieros cuando sea pertinente, destinados a desarrollar espacios comunes y mixtos para viviendas sociales y privadas, para evitar la segregación social.
 
13.        Mediante el aumento del número y de la calidad del parque de viviendas sociales asequibles y el desarrollo de su integración con los servicios sociales y de atención basados en la comunidad, utilizando el FSE y otros fondos estructurales para lograrlo.
 
14.        Afirma que la vivienda social debería contribuir, si se coordina con servicios de atención basados en la comunidad y otros servicios sociales eficaces, a desarrollar capacidades de vida personal independiente y ayudar a que las personas socialmente más vulnerables o desfavorecidas realicen la transición hacia una vida más independiente, con menor dependencia de la ayuda social y mayor autonomía personal.        
 
15.        Módulos sobre accesibilidad del entorno construido y diseño universal en los sistemas de formación de la ingeniería, la arquitectura, la planificación urbanística y la construcción.      
 
16.        Incluir a las familias de clase media, a menudo excluidas, en los programas de vivienda social, dado que podrían sufrir privaciones materiales tanto como otros hogares debido a la crisis económica;       
                                                                                                                
 
Lucha contra la pobreza energética.
 
1.            Preocupación por el avance de la pobreza energética, que afecta a entre 50 y 125 millones de europeos.
 
2.            Pide a los Estados miembros que redefinan el concepto de «vivienda digna» e incluyan en él criterios de eficiencia energética; el apoyo a incentivos y medidas instructivas para ayudar a los residentes a ahorrar en el consumo de energía.
 
3.            Resalta, en particular, los beneficios potenciales de los programas de subsidios para la instalación de soluciones de eficiencia energética y de generación de microenergía renovable dentro de las viviendas sociales,       
 
4.            Considera que las medidas de eficiencia energética en el marco de la lucha contra la pobreza energética contribuyen también a la prevención en el ámbito sanitario (afecciones respiratorias y cardiovasculares, alergias, asma, intoxicaciones alimentarías o por monóxido de carbono, repercusión sobre la salud mental de los ocupantes)         .
 
5.            Se felicita de que las medidas de promoción de la eficiencia energética y del uso de las energías renovables en las viviendas sean admisibles en el marco del FEDER y de los Fondos de Cohesión durante el período 2014-2020; alienta a los Estados miembros, a las autoridades locales y regionales y a todos los socios a recurrir al FEDER y a los Fondos de Cohesión para financiar los trabajos de mejora de la eficiencia energética, en particular para las familias más afectadas por la pobreza energética.
 

 

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