Entrada en vigor del Decreto Ley para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en Andalucía

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Viene a cambiar la situación insostenible del problema social de los desahucios y falta de derecho al acceso a una vivienda digna, o al menos en nuestra comunidad autónoma pretende intentar cambiar esta situación.
12/04/2013. Asociación Al-Gea.

En la relación hipotecaria que se produce entre los bancos y las familias la cantidad media que estas deben desembolsar a aquellos supone un esfuerzo económico de unos 538 euros/mes de media o lo que es lo mismo unos 6.500 euros/año. Cuando en una familia se produce una situación sobrevenida e incapacidad de pago, por causas del mercado laboral a consecuencia de la crisis sistémica que vivimos, normalmente para estas comienza un duro e inhumano proceso de embargo, subasta y desahucio de su vivienda, en el que la administración autonómica a partir de la entrada en vigor del decreto-ley intervendrá expropiando, pagándole al banco un justiprecio y cobrándole una renta a las familias, con lo que estas podrán seguir en su vivienda durante 3 años más.

Podemos hacer un repaso de algunos datos demoledores; se han dado en España 38.000 desahucios en 2012 de los que 30.034 desahucios lo son de primeras viviendas, y es Andalucía la comunidad que tiene el mayor número de desahucios en España, 1 de cada 5 desahucios en España se da en nuestra región. Por otro lado existen 5 millones de viviendas vacías en nuestro país, es decir que 1 de cada 5 viviendas está vacía y sin uso. Con estos datos tenemos la friolera cifra de 20 desahucios al día en Andalucía y la existencia de 750.000 viviendas vacías en nuestra comunidad autónoma.

Para frenar esta situación injusta el decreto-ley aprobado viene a impedir que los bancos desahucien a las familias, y para ello expropiarán su uso, dilatando temporalmente la relación matrimonial de compra-venta que suponen los 120.000 euros que tienen que pagar por la hipoteca a 30 años.

Ahora aparece un actor nuevo en el escenario, la Junta de Andalucía. La administración autonómica expropia el uso y le da al banco anualmente el 2% del valor de adjudicación de la subasta, cobrando ahora el banco de la Junta 1.440 euros al año, es decir una cuarta parte de lo que antes ingresaba, aunque el banco sigue teniendo la propiedad.

Las familias a su vez pagarán por la vivienda el 25% de su renta a la Junta de Andalucía, con un tope de 399 euros como máximo. A pesar de ello no todas las familias pueden acogerse a esta medida, solo pueden hacerlo aquellas en riesgo de exclusión social con una renta menor o igual a 1.598 euros/mes, para las que sea su primera vivienda y que tengan 1,5 veces disparada su carga hipotecaria. Así, con estas condiciones un 2,7% de las 7.500 familias desahuciadas este año pasado en Andalucía, unas 199 familias podrían haberse acogido a esta medida, el 98% de familias restantes quedarían desprotegidas pues siguen siendo desahuciables.

Con estos datos la administración gastaría como máximo 4.320 euros por vivienda en esos tres años en los que se permite la permanencia de la familia en su vivienda y se queda pues con el uso durante este periodo, e ingresaría 14.364 euros de la familias como máximo durante este tiempo.

Por otra parte respecto a los 4.500.000 viviendas del parque andaluz de viviendas existen 700.000 vacías (15,5% del total), y con este decreto-ley se multaría a los propietarios que sean bancos o empresas y no las alquilen, no afectando esta medida a los propietarios particulares. Para ello en Andalucía se creara un registro de viviendas vacías en propiedad de los bancos y entidades, que multará aquellas viviendas con hasta 9000 euros, dandoles un plazo de 6 meses para alquilarla.

Como dato comparativo, en el resto del mundo el porcentaje de viviendas vacías suele estar en un 5%, y en Europa se toman medidas en este sentido cuando la propiedad las mantienen en este estado.

La situación en Europa es bien distinta, en Alemania por ejemplo si se mantiene vacía por parte de bancos e inmobiliarias durante 18 meses una vivienda, el Estado se la puede quedar para garantizar el compromiso de que sea alquilada, así el porcentaje de parque de viviendas vacías con esta medida en Alemania es del 3,6%.

En un país como Reino Unido, si la vivienda permanece vacía más de 6 meses el Estado se la retira a los bancos y la alquila, con ello el porcentaje de viviendas vacías roza el 4,8% del total existente.

Y por otro lado en Holanda llegan más allá con este tipo de intervenciones, y si una vivienda está desocupada cualquier ciudadano puede avisar al Estado y reclamar su uso, siendo el porcentaje de viviendas vacías en este país de los más bajos en toda Europa, alcanzando un porcentaje del 2,3% del total del parque de viviendas.

Por tanto si suponemos un ritmo de desahucios similar, unas 200 familias al año se podrían acoger a esta medida, lo que supone un gasto de 864.000 euros para la administración y un ingreso por la renta de 957.600 euros suponiendo una renta elevada, con lo cual se quedaría un balance anual equilibrado o favorable para la administración. Si a esto sumamos el máximo recaudable bajo la hipótesis de que todas las viviendas, las 700.000, permanezcan vacías, supondría un ingreso de 6.300.000 euros, con lo que se estimularía el alquiler y la premisa de bajar el precio del mismo.

Analizada esta situación y los datos, más allá de las conclusiones recaudatorias, convendría seguir diciendo que las medidas son paliativas, los datos escalofriantes y el marco de protección insuficiente. Tiene pues el gobierno español la oportunidad de aprobar la iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados, que coincida con las recientes denuncias que ya desde Europa se viene atendiendo para conseguir alcanzar un derecho no conseguido. Aún nos sigue quedando camino que recorrer.

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